A fines del 2016 la sierra central del Perú enfrentó la temporada más seca de los últimos 30 años: las lluvias se ausentaron durante todo noviembre y la población se vio obligada a potabilizar el agua estancada en sus represas. Según el Servicio Nacional de Meteorología ( Senamhi) el fenómeno se extendió al sur del país: Moquegua, Arequipa y Tacna, departamentos que desde el 2008 no sufrían una crisis similar.

Esta emergencia fue el pico máximo de una sequía que ya golpea al país desde hace años. Entre el 2003 y el 2016 el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) atendió 1.481 alertas por escasez de lluvias que afectaron cultivos y ganado en comunidades campesinas de todo el Perú. El Gobierno se ha visto obligado a declarar emergencias temporales por “peligro inminente de déficit hídrico” durante los últimos 10 años en 17 departamentos.

En todos estos casos, la demanda de agua poblacional y agrícola es compartida con la minería, una actividad extractiva que no podría procesar sus metales sin este recurso. Ojo-Publico.com construyó un mapa y una base de datos con los expedientes que se encuentran en el archivo digital de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), así como estudios de dicha entidad, del Indeci y la Defensoría del Pueblo, para conocer en qué zonas se concentran las autorizaciones de uso de agua y cuál es su relación con los conflictos por este recurso.

El análisis concluye que a la fecha existen 1.810 derechos de uso de agua otorgados a 331 compañías mineras; 248 de las cuales obtuvieron licencias para extraer este recurso a perpetuidad. De estas, 31 se ubican en 12 zonas con alto riesgo de sequía, en Tacna, Moquegua, Lima, La Libertad y Lambayeque.

Los derechos de uso de agua son de tres tipos: licencias, autorizaciones y permisos; solo los primeros no tienen fecha de caducidad. Las normas que, durante las últimas cinco décadas, han permitido la extracción de agua dulce en el Perú le otorgan este plazo indeterminado, y ni la actual Ley de Recursos Hídricos prevé regular o actualizar el volumen asignado en zonas con riesgo de sequía. Lo más parecido que estipula la ley es declarar la extinción de este derecho cuando el Estado confirme la escasez definitiva o contaminación total del recurso.

MINERÍA EN ZONAS SECAS

La mayoría de este tipo de permisos los tiene Southern Cooper. Esta subsidiaria del millonario Grupo México Southern tiene 15 licencias vitalicias (además de 9 autorizaciones temporales), seguido de las empresas Minsur con 6 licencias vitalicias En tanto, Anglo American, minera que pertenece a una multinacional con sede en Londres, lidera el ranking de autorizaciones temporales con 15 de estas resoluciones obtenidas en estas zonas de inminente sequía.

248 mineras obtuvieron licencias para extraer agua a perpetuidad en todo el país

En las cuencas con poca agua Southern Cooper tiene tres proyectos cupríferos: Cuajone y Toquepala, en Moquegua y Tacna; y Los Chancas, en Apurímac. Según su memoria anual, solo para atender la demanda de los dos primeros la empresa tuvo que emplear 50.490 millones de litros de agua el 2015, la misma cantidad que consumen los habitantes de Tacna y Moquegua durante todo un año.

Anglo American también se ubica en Moquegua, con la mina de cobre Quellaveco que este año entrará en fase de explotación.

Ambas compañías –que ya fueron objeto de protestas de la población por los miedos a un posible impacto ambiental de sus operaciones– obtuvieron resoluciones para explotar 41 fuentes de agua en las zonas de Locumba Sama, Tambo, e Ilo-Moquegua, todas incluidas en las declaratorias de emergencia que el Gobierno promulga cada año.

En una de ellas, oficializada con el Decreto Supremo 004-2009, el Ejecutivo confirmó el “agotamiento de los recursos hídricos” de los ríos Caplina y Locumba Sama, en Tacna, y dictó recomendaciones para preservar el agua que queda en el subsuelo.

Ninguna de las empresas respondió a nuestro pedido de entrevistas. Sin embargo, en su página web, Anglo American informó que tras la crisis hídrica del 2016 se vio obligada a renunciar a la captación de agua del río Asana, y ha ampliado el uso de agua reciclada al 65%. Southern, por su parte, ha anunciado que empleará agua de mar si el Gobierno le autoriza a continuar con Tía María, en Arequipa, proyecto paralizado por las graves protestas que organizó la población ante el temor de ver reducidas sus fuentes de agua.

Jorge Ghersi, gerente de agricultura del Gobierno Regional de Moquegua, explica los retos que afrontan los agricultores que conviven con la minería. “Tras la sequía del 2016 perdimos el 30% de nuestras cosechas. El 2017 la represa Pasto Grande, la única con la que contamos para emergencias como esta, solo acumuló 67 de los 200 millones de m3 que tiene de capacidad, y por eso debemos usarla con restricciones. Si antes pedíamos una convivencia responsable con la minería, ahora es una exigencia”, agrega Ghersi.

ACCESO Y CALIDAD DE AGUA

Las zonas por donde recorre toda el agua dulce del Perú antes de perderse en el mar se llaman cuencas. Son 159 y cada una es clasificada en alta, media o baja de acuerdo al volumen de agua que ofrece a cada habitante, rangos que sirvieron para realizar nuestra base de datos.

La institución que hace esta clasificación es la ANA, y la utiliza para diferenciar los pagos por el agua que hacen las empresas; sin embargo, su data se basa en los valores históricos que arroja el Senamhi y no considera las emergencias que se activan por determinados meses. Por eso, las zonas que disponen de poca agua o están en riesgo de sequía podrían ser mayores.

El 25% de las 101 crisis sociales vigentes que identificó la Defensoría del Pueblo está relacionada al agua y la minería (formal e ilegal). Desde el 2011 a la fecha las protestas de la población han dejado 1.100 heridos y 42 muertos y los motivos no se concentran en el acceso, sino en la calidad de este recurso y su posible contaminación.

Precisamente, un estudio hecho por la ANA y el Ministerio de Agricultura, el 2016, identifica los riesgos de las cuencas del Perú de acuerdo a cuatro variables: el agua que les queda disponible, la posible contaminación de sus efluentes, los conflictos sociales generados a su alrededor y el impacto económico que traería su pérdida; ello con el fin de priorizar aquellas que deben ser atendidas por el Gobierno. Esta data es la considerada en nuestro mapa y muestra los territorios que hoy sufren la crisis por el agua.

Las regiones donde el Indeci ha atendido más emergencias por sequía en zonas agrícolas son Ayacucho (347), Apurímac (340) y Huancavelica (223), entre el 2003 y el 2016. Según nuestra base de datos, en la primera de estas se otorgaron 77 derechos de uso de agua, 26 de los cuales están vigentes y en manos de las mineras Catalina Huanca, Ares y Buenaventura.

En Apurímac se aprobaron 103 resoluciones para explotar este recurso; 57 de ellas están activas y son usadas principalmente por las compañías Southern Copper, Barrick, Anabi y Xtrata Tintaya y Las Bambas, pero también por Buenaventura y Ares. De otro lado, en Huancavelica se emitieron 122 de estos permisos, y 53 de ellos son hoy usados por las mineras Caudalosa, Castro Virreyna, nuevamente Buenaventura, y otros.

En el mismo periodo, Cusco registra 50 alertas agrícolas por sequía, pero las cuencas Alto Apurímac y Urubamba, por donde circulan sus principales ríos y quebradas, están en nivel crítico, según el estudio de priorización hecho por la ANA. “Hay presencia de pasivos ambientales y residuos en los cauces, riberas y faja marginal, que alteran la calidad de los recursos hídricos; además existen lagunas y bofedales altoandinos, como fuentes naturales de agua y cabeceras de cuencas que deben ser protegidos”, indica el informe.

La data consolidada por Ojo-Publico.com muestra que en Cusco se aprobaron 78 derechos de agua. Actualmente 38 licencias y autorizaciones están vigentes y la mayoría se concentra en manos de la canadiense Hudbay y de Antapaccay, subsidiaria de la gigante suiza Glencore. Las provincias por donde cruzan las fuentes de agua autorizadas para su explotación son Espinar, Chumbivilcas, Paruro y Quispicanchi; las mismas que han pasado a formar parte de las declaratorias de emergencia temporal que promulga el Gobierno por falta de lluvias y presencia de heladas inusuales.

La Unidad de Prevención y Gestión de Conflictos de la ANA tiene identificadas 41 cuencas en las que se mantienen 56 conflictos por el agua. El 71% de los cuales es por su mala calidad o contaminación, el 20% por falta de acceso o desaparición de fuentes de agua y el 9% restante es por otros motivos.

Ghersi, gerente regional de Moquegua, sostiene que la escasez del recurso ha reactivado el rol fiscalizador de la población: solo en noviembre pasado han recibido denuncias respecto a la contaminación del río Coralaque (donde opera la minera Aruntani) y un presunto mal manejo de residuos de Southern Copper en la cabecera de cuenca de la comunidad de Torata.

En Arequipa sucede algo similar. Este año Minera Buenaventura, propiedad de Roque Benavides, fue instada por la población de Tambomayo a firmar escrituras públicas para asegurar que no dañarían sus manantiales. César Huamantuma, jefe de la Oficina de Diálogo y Gobernabilidad de esta región, dice que es la primera vez que ello ocurre.

La proyección de los escenarios posibles para el Perú ante la falta de agua no es esperanzadora. El Senamhi realizó un estudio para calcular el impacto que tendrá el cambio climático hacia el año 2050 y concluyó que las fuentes de agua disponibles en once cuencas de la costa sur del país se reducirán entre 42% y 48%, especialmente en Moquegua, Tacna, Ica.

La guerra por el agua será más intensa.