Esta investigación revela el acceso privilegiado al agua que posee un grupo de compañías en zonas de alto riesgo hídrico y explica cómo las comunidades indígenas vecinas no tienen acceso al recurso ni a otros servicios básicos. Un equipo de Ojo‑Publico.com con el apoyo de la Red Investigativa Regional analizó casi medio millón de derechos de uso de agua otorgados en el Perú en los últimos 50 años y recorrió la zona sur andina para contar las historias del conflicto por este recurso.
En las alturas de Cusco y Apurímac se ubican los proyectos de extracción de cobre más importantes del Perú. El país recibe millonarios ingresos por sus tributos, mientras decenas de comunidades indígenas viven sin acceso a agua segura.
Leer reportajeLas operaciones mineras de Las Bambas, Antapaccay y Constancia, lideradas por la china MMG, la suiza Glencore y la canadiense Hudbay producen casi el 50% del cobre de todo el Perú.
50.000 personas de más de 200 centros poblados, muchos de ellos consideradas comunidades indígenas, habitan en la zona conocida como el corredor del sur.
“Ahorita la comunidad Alto Huarca no cuenta con ningún servicio público. No tenemos agua, luz, ni desagüe. Entiendo que sin tener esas condiciones vivimos en extrema pobreza”.
“Antes tenía agua, pero ahora no es igual, ya no hay agua y los animalitos se están muriendo. Ya no vivimos como antes”.
“Nos dicen, a ver prueba si está contaminada, pruébalo con un documento. Entonces para hacer analizar [el agua], como no tenemos nada, qué podemos hacer. Nos cuesta mucha plata”.
"Con la mina ellos (la vecina comunidad de Piscocaya) se han creído dueños de ahí, solo ellos se están beneficiando. Ellos están como mantenidos de la mina".
Toda el agua dulce del Perú está en manos de empresas, asociaciones y personas que obtuvieron licencias para extraer este recurso de ríos, quebradas y pozos. Por cada mil litros de agua se paga como máximo de 0,08 dólares.
Leer reportajeFuente: ANA
La mayor cantidad de derechos de captación de agua se entregaron durante las últimas cinco décadas. Su destino principal es la agricultura, luego, el uso poblacional, seguido de las industrias y las compañías mineras.
Leer reportajeHay 1.576 derechos mineros para extraer agua. Las autorizaciones se incrementaron el 2011 en el marco de la formalización minera de Madre de Dios y el 2014, con el impulso de los megaproyectos en el sur.
Estos derechos representan el 93% del total de autorizaciones. El punto más crítico corresponde al uso del agua subterránea en la costa. El 2006 la ANA entregó permisos de explotación, incluso en zonas declaradas en veda como Ica.
La explotación industrial del agua se concentra en empresas pesqueras, azucareras y embotelladoras de la costa. De los 3.034 derechos de uso exclusivo para este sector, el 17% se ubica en la provincia de Lima.
El 65% de la población peruana vive en la costa. Esta región depende de la explotación de aguas subterráneas para la atención de sus servicios básicos, principalmente en Lima, Lambayeque y Piura.
Decenas de comunidades indígenas vecinas a las operaciones mineras más importantes del país no tienen acceso al agua segura ni a otros servicios. En el corredor minero ubicado entre Cusco y Apurímac, el Estado vulneró además sus derechos a la consulta previa.
Un grupo de 43 empresas privadas posee el mayor número de licencias estatales para capturar y controlar fuentes de agua en todo el país. Agroexportadoras, mineras y embotelladoras lideran este ranking.
El análisis de los precios que pagan las compañías mineras por el uso del agua revela la omisión de cerca de 303 mil dólares en solo año por parte de las empresas Las Bambas y Volcan, dos de las mineras más importantes en el país.
Un mapa construido por Ojo-Publico.com muestra cómo 31 empresas mineras obtuvieron licencias para usar agua de ríos, quebradas y acuíferos en 12 zonas declaradas en riesgo por sequía, contaminación y conflictos socioambientales.