Los despojados

¿Con quién vienen?, pregunta Rogers Ccoropuna, presidente de la comunidad Chuicuni.

El viento helado se burla del sol en las alturas de Apurímac, a 3.800 metros sobre el nivel del mar. Es tiempo de cosecha en los andes y las plantaciones de trigo brillan más que nunca en la chacra del líder de Chuicuni, la comunidad indígena apurimeña que se encuentra ubicada al costado de uno de los proyectos mineros más grandes y millonarios del Perú: Las Bambas, operada por la transnacional china MMG Limited. La luz del mediodía delata los gestos duros del dirigente quechua. Se aproxima lento y con duda. Calma los ladridos de su perro. Saluda. Tiene las manos frías.

- ¿Con quién vienen?, insiste.
- Solo nosotros.
- No lo creo. Aquí la mayoría de los periodistas viene con la mina.

La desconfianza se ha convertido en la regla de convivencia en Chuicuni. La influencia de Las Bambas atraviesa todas las comunidades ubicadas en el distrito de Challhuahuacho, la localidad más importante en tamaño y comercio de la zona. Las radios y sus programas son patrocinados por la mina; en los restaurantes, los comensales son trabajadores de la mina; en los hoteles, los huéspedes son consultores, ingenieros o más empleados de la empresa; lo mismo en los bares, discotecas y clubes nocturnos que proliferan todos las semanas.

Chuicuni es vecina del proyecto minero y está a 10 minutos de Challhuahuacho. A diferencia de esta, Chuicuni no tiene ni luz eléctrica, ni tiendas, ni viviendas de más de un piso. El agua que tienen la captan sin ningún tratamiento desde un manantial y la llevan a través de un tubo hacia una pileta en el centro del pueblo.

- Para esta obra cada comunero ha aportado entre 10 y 15 soles para cubrir los gastos. Eso lo hemos hecho nosotros, no la Municipalidad de ni el Gobierno. Nosotros.

Todo en Chuicuni ha sido construido por ellos mismos. La única forma de llegar hasta aquí es a través de un puente peatonal levantado sobre un río que construyeron “sin expediente técnico”, aclara con fastidio el presidente de la comunidad. “No sabemos en realidad cuántas personas o peso puede soportar”. Pero la principal preocupación de Rogers Ccoropuna en estos días no es el puente, sino el agua. ¿Qué pasará si el manantial que abastece a todo el pueblo un día desaparece o si el proyecto minero afecta su calidad?

“Vienen periodistas, pero nunca van a informar lo que pasa, ni ustedes van a informar eso”, dice Rogers Ccoropuna.

A esta franja que une Challhuahuacho (Apurímac) y Espinar (Cusco) se la conoce como el corredor minero sur por la cantidad de megaproyectos extractivos concentrados aquí: Las Bambas (de la china MMG Limited), Antapaccay (de Glencore, con sede en Suiza) y Anabi (del grupo peruano Aruntani) se encuentran en esta zona. Perú es el segundo mayor productor mundial de cobre, zinc y plata. Y se estima que el 40% de la producción nacional de cobre proviene de este corredor.

El líder de Chuicuni tiene miedo del futuro, teme que ocurra lo mismo que en otras zonas mineras cercanas, como Espinar, en Cusco, donde las comunidades denuncian la pérdida de manantiales y afectaciones a la calidad del agua.

- Nos lamentamos de vivir en esta comunidad. De nada sirve vivir pegadito a la mina. Vienen periodistas, pero nunca van a informar lo que pasa, ni ustedes van a informar esto.

CHUICUNI
[Mirar la riqueza desde una casa sin agua]

La vida en Chuicuni comienza antes de las 5 de la mañana y a 4 grados de temperatura. Arriba, desde una de las lomas más altas de la comunidad se ve, hacia la derecha, los camiones y volquetes en movimiento de la operación minera, y al otro lado, un enorme cerco de metal devorándose las cumbres: las mallas dividen las tierras privadas de la compañía de las tierras comunales. El eco de los camiones quiebra el silencio de las montañas. Abajo, en el pueblo, las mujeres se levantan para obtener agua de la pileta comunal, preparan los desayunos de sus hijos, los hombres (algunos) sacan a pastar al ganado.

Javier Huillca Puma es vicepresidente de Chuicuni. Desde esta loma alta a la que nos ha traído -donde el viento no encuentra más trabas que las torres de alta tensión y el oxígeno parece desaparecer en cada respiración- señala los linderos de la comunidad. “Antes nuestro vecino era la comunidad Fuerabamba, nuestro ganado iba de un lugar a otro sin problema. Nos entendíamos. Eso no ocurre ahora”, dice.

El 2004 el gobierno de Alejandro Toledo otorgó los derechos de exploración de Las Bambas y el 2014, con el inicio de las operaciones, Fuerabamba fue reubicada a una zona urbanizada en los alrededores de Challhuahuacho con todos los servicios básicos. Chuicuni permaneció en el mismo lugar, sin agua ni luz, y así recibió al nuevo y gigante vecino minero.

Desde entonces, los comuneros conviven con el ruido, el polvo y los pequeños temblores que dejan las explosiones para la extracción de minerales. Las 200 familias de esta comunidad han visto también cómo la mina instaló una planta para tratar el agua que usarán sus trabajadores y cómo luego enormes cables surcaron los cielos de sus casas para llevar la energía eléctrica a la mina, dejándolos a ellos a oscuras.

La ANA otorgó durante los últimos cinco años 38 derechos de uso minero en Cotabambas: 14 de aguas subterráneas y otras 17 a manantiales y quebradas.

A pesar de su proximidad a las operaciones, Chuicuni no está considerada dentro de la zona de influencia directa de la minera. “La municipalidad nos dice que debemos negociar con la mina, y la empresa nos dice que debemos exigirles obras a la municipalidad porque nosotros no somos influencia directa”, se queja del maltrato Rogers Ccoropuna.

Lo que el presidente de la comunidad demanda es agua y saneamiento. “Tememos que cambie el caudal del manantial y nos quedemos sin agua. A veces no sale mucha agua y tenemos que estar haciendo cola porque no alcanza”, dice.

La explotación de Las Bambas comenzó el 2014. Actualmente no existe evidencia sobre su impacto en los recursos hídricos. Los funcionarios de la Autoridad Local del Agua reconocieron en una reunión con Ojo-Publico.com, que la cuenca de Apurímac no tenía estudios hídricos detallados cuando se entregaron los derechos de explotación de agua para la minería y cuando se aprobó su Estudio de Impacto Ambiental.

Los estudios más actuales que existen -aclararon con timidez los mismos funcionarios- los hicieron las mismas compañías mineras como parte del procedimiento para solicitar una licencia de uso del agua con fines mineros.

Un estudio de Priorización de Cuencas para la Gestión de Recursos Hídricos del 2016, estableció zonas de bajo, medio, alto y muy alto riesgo respecto al uso y disposición del agua. Rogers Ccoropuna no lo sabe, pero este documento califica a la Intercuenca Alto Apurímac, donde se encuentra el territorio de su comunidad, con un nivel de riesgo hídrico muy alto. Las conclusiones se basan en el análisis de estas variables: la demanda y oferta de agua, sequías, explotación de acuíferos y estudios sobre disponibilidad, calidad, contaminación, conflictos por el agua, población y pobreza.

Solo en la provincia de Cotabambas, a la que pertenece Challhuahuacho y Chuicuni, la Autoridad Nacional del Agua, otorgó durante los últimos cinco años 38 derechos para la explotación del agua con fines mineros: 14 de estas corresponden a aguas subterráneas y otras 17 a manantiales y quebradas.

Los inventarios de la Autoridad Nacional del Agua sostienen que el 89% de la demanda de dicho recurso está en manos de la agricultura, el 9% en el consumo de población, el 0,95% en la industria, y 1% en el sector minero. Sin embargo, estos grandes totales de millones de metros cúbicos esconden realidades locales en situaciones críticas. Por ejemplo, las que viven las poblaciones de Cusco y Apurímac, asentadas cerca de las cuencas en donde se concentran los megaproyectos mineros del sur.

Los habitantes de uno de los distritos más ricos del Perú no tienen agua potable y arrojan sus deshechos al río.

A ocho horas de Chuicuni y Challhuahuacho, en Abancay, capital del departamento de Apurímac, un grupo de funcionarios de la Autoridad Local del Agua (ALA), explica cómo se gestiona el agua en la cuenca. En la reunión participan Carlos Moreno Huayhua y Reynaldo Pizarro Muñoz, del área técnica. No nos permitieron grabar la entrevista, solo aceptaron que tomemos fotos.

Las ALA son las entidades encargadas de fiscalizar que las empresas cumplan con la extracción de los volúmenes de agua autorizados y en los puntos establecidos. Sin embargo, los técnicos reconocen que no han hecho hasta el momento este tipo de supervisiones porque “los grandes proyectos mineros los aprueba y los revisa la sede central”. Es decir, Lima.

Los funcionarios señalan que actualmente en Apurímac no hay un problema de acceso al agua, sino de propiedad de las tierras. Pero, cuando preguntamos sobre los impactos de los cambios en el clima en un plazo más amplio, los mismos funcionarios sostienen que “la intensidad y la frecuencia de las lluvias ha variado” y que esto eleva la incertidumbre sobre el futuro del agua en las comunidades altoandinas, que en gran parte -como Chuicuni- dependen de los manantiales y quebradas para su uso doméstico.

Y es precisamente en estas fuentes de agua donde actualmente existe mayor presión en su explotación.

Solo en las cuatro provincias del corredor minero del sur (Cotabambas y Antabamba, en Apurímac, Chumbivilcas y Espinar, en Cusco) el gobierno ha otorgado 147 derechos de explotación del agua con fines mineros. De estas, el 40% corresponde a aguas subterráneas, considerada por expertos como un recurso no renovable.

El número de derechos otorgados para fines agrícolas y domésticos es mucho mayor, pero la concentración de los puntos de captación de agua para la minería se encuentra en zonas consideradas cabeceras de cuenca, espacios estratégicos para la generación del agua y considerados por la actual legislación como espacios vulnerables.

La anemia y la desnutrición son los principales problemas de salud en los distritos del corredor minero sur.

La entrega de estos derechos de explotación de aguas limpias para uso minero, no ha ido de la mano con la ejecución de obras públicas que garanticen el acceso a agua segura para las poblaciones urbanas e indígenas colindantes a las operaciones mineras. Una revisión de la ejecución presupuestal impulsada por los gobiernos locales y regionales detalla que se han construido más edificaciones o mantenimientos de vías que obras de saneamiento.

Rogers Ccoropuna reconoce que al inicio en su comunidad vieron con entusiasmo el proyecto minero: “Hemos estado totalmente a favor de la minera pensando que iba a traer ese impacto positivo, porque ellos dijeron que va a haber colegio, saneamiento básico, luz, todo eso, entonces apoyamos, pero no tenemos nada”. Sobre las casas de barro de Chuicuni los enormes cables rayan el cielo para llevar energía eléctrica a la mina.

El día en Chuicuni acaba cuando el sol se oculta. En su casa, la pequeña Nadith de 8 años -sobrina de Rogers- enciende una vela para alumbrarse. Lee un libro Coquito roto en todas sus esquinas, heredado de otros primos mayores. La habitación es una cocina-sala-comedor-dormitorio. Afuera, solo hay sombras. Sabemos que son personas porque llevan linternas.

Pero podría ser cualquier cosa, como algunos de esos personajes embrujados que los comuneros dicen que se aparecen en la oscuridad para llevarse a las ovejas.

CHALLHUAHUACHO
[Las contradicciones del distrito más rico]

Una de las primeras cosas que te dicen al llegar a Challhuahuacho es que te fijes en el número de camionetas que circulan por sus calles sin asfaltar y sepultadas en charcos de agua. El tamaño de estas 4x4 -todas de marcas y modelos costosos- contrasta con la estrechez y laberíntica forma de sus vías. Estos poderosos vehículos todoterreno fueron los primeros bienes que los campesinos se compraron con el pago por las ventas de sus tierras o compensaciones del proyecto minero Las Bambas.

El distrito más rico de los andes del sur tiene probablemente una de las tasas más altas de camionetas para un distrito de 7 mil habitantes, pero no tiene servicio de agua potable y sus residuos y desperdicios son arrojados al río. Challhuahuacho tiene 38 comunidades campesinas quechuas y un presupuesto estimado de 140 millones de soles este año. Un monto similar al de distritos con mayores ingresos en la capital: San Isidro y Miraflores. En solo 6 años esta municipalidad multiplicó casi 30 veces su presupuesto.

Para que el agua sea segura debe tener 0,5 mg/L de cloro, pero en las muestras analizadas no llegaban ni al 0,1 mg/L

Challhuahuacho parece haber sido poseída por la misma maldición de otros distritos mineros del Perú: millonarios presupuestos, deficiente ejecución en obras públicas, indicadores sociales estancados y corrupción. El actual alcalde Antolín Chipana Lima (del Movimiento Popular Kallpa) está preso e investigado por lavado de activos y malversación de fondos. Antes de ser elegido el 2014, fue una de las voces más críticas contra la minería. Cuando lo detuvieron, en marzo de este año, en su vivienda encontraron doce mil soles de dinero en efectivo. La investigación alcanza a su entonces secretario general, Dionisio Maldonado, también detenido, en cuya casa decomisaron, otros 50 mil soles.

Hay tanto polvo en Challhuahuacho que resulta ocioso limpiar las ventanas de autos, viviendas y tiendas: una gruesa cáscara de tierra lo cubre todo, todos los días. Al tránsito de las 4x4 en el pueblo se suman los autos y taxis colectivos, y, sobre todo, las decenas de gigantes camiones que diariamente trasladan toneladas de cobre procesado.

Otro desfile de camionetas se repite al interior del Centro de Salud de Challhuahuacho. Son unidades averiadas o en mal estado. “Nos envían vehículos que no se ajustan a la realidad de esta zona y se malogran al poco tiempo, y en otros casos nos han donado unidades ya obsoletas”, explicaron integrantes del personal de salud que prefirieron no identificarse.

Los vehículos malogrados no son el principal problema del Centro de Salud. El biólogo Hubert Firata dice que la anemia y la mala calidad del agua están amenazando la salud de la población de Challhuahuacho y de las decenas de comunidades indígenas ubicadas en la zona de influencia minera. “El agua no es segura, la que llega a las viviendas es entubada, y solo a veces le echan la dosis necesaria de cloro”, dice.

Una semana antes de nuestra visita, Hubert Firata analizó varias muestras del agua que llega a las viviendas de la zona. “Para que sea segura debe tener 0,5 mg/L de cloro, pero en las muestras que analizamos de varios sectores de Challhuahuacho las cantidades de cloro llegaban ni al 0,1 mg/L. Con esa cantidad es imposible eliminar la carga bacteriológica del agua. La municipalidad debería hacer la limpieza y la cloración pero no lo hacen”, sostuvo.

Las cifras de la Dirección Regional de Salud señalan que entre el 2016 y el 2017 la desnutrición crónica en la zona se incrementó en un 30%. “Hay incluso personal médico que tiene desnutrición y anemia. Aunque los casos más graves los hemos encontrado en gestantes”, detalla. El biólogo ha laborado antes en un centro de salud del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem) – el corazón de la producción nacional de cocaína- y dice que los indicadores de salud en Challhuahuacho son más alarmantes. “Hay más acceso al trabajo, pero no hay mejor calidad de vida”.

Challhuahuacho tiene 38 comunidades campesinas quechuas y un presupuesto de S/140 millones este año. Un monto similar al de distritos como San Isidro y Miraflores.

El incremento de la desnutrición y la anemia está relacionada a los cambios del hábito alimenticio en las comunidades. Como ha sucedido con otras zonas impactadas por actividades extractivas, la inversión dinamiza la economía local, hay más empleo y comercio. “Los niños y adultos comen ahora más carbohidratos y alimentos procesados. Se está abandonando el consumo de productos de la zona”, dice Firata. Cada día el centro de salud recibe en promedio 30 pacientes niños.

Por su naturaleza el centro de salud no tiene todas las especialidades. Si se trata de una emergencia los pacientes tienen que acudir a Tambobamba, ubicado a una hora de distancia, y en casos más graves, a Cusco, a ocho horas en auto.

Por falta de ambulancias los pacientes no pueden ser trasladados a hospitales especializados. Si los familiares tienen recursos económicos, costean los gastos del traslado, pero las familias más pobres se quedan. Uno de los médicos del centro de salud cuenta el caso de una paciente menor de edad que tiene las manos quemadas porque las sumergió en agua hirviendo. “Aunque necesite atención especializada no puede viajar al Cusco porque sus padres no tienen dinero para cubrir el traslado”.

Los contrastes económicos en esta zona son visibles. Hay dos formas de entender Challhuahuacho: desde la falta de servicios básicos en comunidades como Chuicuni; o desde todos los servicios que la compañía minera ha garantizado a Nueva Fuerabamba, el sector a donde fue trasladada la comunidad cuando se halló la enorme veta de cobre.

Fuerabamba es un enorme complejo residencial de 500 casas. Las casas son todas iguales, tienen tres pisos, un huerto y están enrejadas. Las pistas son asfaltadas, tienen energía eléctrica, agua y saneamiento permanente, escuela con todos los servicios y un completo centro de salud. Muchos de los comuneros que viven aquí se dedican ahora al comercio. Pero el entusiasmo de la mudanza se agotó solo al primer año para varios comuneros. “No me acostumbro”, dice la mujer que vende golosinas en la puerta del colegio. Estamos todos juntos, no hay espacio, a veces nos estresamos”.

PATAHUASI
[La disputa entre comunidades]

A cuatro horas de Challhuahuacho se encuentra el distrito de Haquira, y a tres horas más, luego de una zigzagueante carretera, Patahuasi. A Ricardo Astuhuillca, vicepresidente de esta comunidad quechua, lo encontramos en su vivienda de este bucólico lugar encerrado entre montañas, en el límite con la región Cusco. Sentado en el patio de su casa alza la voz cuando habla de sus temores por la instalación de una planta procesadora de la minera Anabi SAC en la cabecera del río que abastece a todo Patahuasi. “Eso nadie nos consultó, de ese río dependemos todos aquí”.

En mayo del 2017 el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) ordenó a la empresa (perteneciente al Grupo Aruntani) a paralizar de manera inmediata las actividades de construcción y operación de la planta de beneficio denominada Utunsa. La autoridad identificó que la compañía había instalado zonas de trabajo (entre pozas, planta de destrucción de cianuro y una subestación eléctrica) en lugares distintos a los que había reportado inicialmente.

Estos cambios –según la autoridad ambiental- no contaban con una evaluación del impacto ambiental y por lo tanto puso en “riesgo potencial de afectación de la calidad del agua de la quebrada Huayllani, que a su vez podría afectar la salud de las personas y el ambiente".

La instalación de la planta fue solo uno de los problemas que -según Ricardo Astuhuillca- llegaron con la mina el 2016. El inicio de las operaciones de la minera Anabi SAC en esta parte de Apurímac y la discusión sobre qué comunidades iban a ser consideradas de influencia directa (y por tanto, ser compensadas) generó un enfrentamiento entre integrantes de la comunidad y familias enteras. Algo que Rogers Ccoropuna, presidente de la comunidad de Chuicuni, ha definido como “contaminación social entre comuneros”.

Ambos presidentes de comunidad no se conocen, pero entienden las secuelas de estos enfrentamientos. La capacidad de negociación con la empresa se debilita y los miembros de las comunidades comienzan a disputarse compensaciones y linderos de sus predios, sobre todo cuando gran parte de estas poblaciones no tiene sus límites georeferenciados o adecuadamente inscritos. Las concesiones mineras tienen más claros sus linderos que los territorios indígenas.

La OEFA identificó que la minera había instalado la planta de destrucción de cianuro en un lugar distinto al reportado inicialmente.

Astuhuillca cree que la influencia minera incentivó que un grupo de miembros de la comunidad de Patahuasi impulsara la creación de Piscocalla, centro poblado colindante al proyecto Utunsa, de Anabi SAC. “Piscocaya se ha creado recientemente, antes éramos solo uno solo. Ahora la mina nos ha dividido. Antes trabajábamos en faenas para arreglar el templo o la carretera, pero ahora nadie lo quiere hacer. Ahora ni nos hablamos”. Dice que incluso esas disputas han afectado las relaciones entre las familias.

Los enfrentamientos fueron también la consecuencia de una serie de derechos vulnerados. Más de la mitad de las comunidades indígenas quechuas no tienen adecuadamente georeferenciadas sus límites de tierras comunales, y estas no están tituladas e inscritas en los Registros Públicos. En estas condiciones, entre el 2012 y el 2015, gran parte de los proyectos mineros impulsados en esta zona del corredor minero sur fueron aprobados.

En ese mismo contexto se discutía la publicación de la base de datos de comunidades indígenas con derecho a los procesos de consulta previa. El mecanismo obligaba al Estado a consultar a las comunidades los proyectos o iniciativas que puedan afectar sus vidas, territorios y derechos.

Durante aquellos años -como reveló una investigación anterior de Ojo-Publico.com- el gobierno de Ollanta Humala tuvo acceso a una base de datos preliminar que identificaba comunidades indígenas quechuas en el corredor minero del sur, pero decidió no hacer pública esta información. La nueva lista completa solo se conoció el 2016, cuando varios inversiones mineras ya estaban en marcha.

Entre Cotabambas y Antabamba, ambas en Apurímac, la Base de datos de Pueblos Indígenas del Ministerio de Cultura identificó a 26 comunidades indígenas. Patahuasi es una de ellas y es además una de las comunidades más antiguas de dicha región. Fue reconocida en 1928 pero hasta el año pasado las coordenadas de los límites de sus tierras comunales no estaban inscritas, ni habían sido georeferenciadas. El 61% de sus 500 familias se encuentran en extrema pobreza, el 99% habla quechua.

Nunca hubo consulta previa en Patahuasi, pero tampoco lo hubo en Chuicuni. A pesar de que esta última aparecía en la bases de datos preliminar de pueblos indígenas a la que el gobierno tuvo acceso cuando aprobó el inicio de operaciones de Las Bambas. En la publicación del 2016 de la información final de la lista de comunidades indígenas con derecho a la consulta previa, Chuicuni ya no aparece como indígena. Rogers Ccoropuna no lo sabía: ni que estuvieron antes, y ni que ahora están considerados como tal.

¿Por que antes sí aparecían y ahora no? ¿Quién es indígena en el Perú? Los andes concentran más del 70% de los pueblos indígenas de todo el país. En la base de datos preliminar -filtrada y luego difundida por Ojo-Publico.com el 2015- en Apurímac se registraron 436 comunidades indígenas quechuas. Sin embargo, en la actual lista que administra el gobierno aparecen solo 279.

La comunidad de Chuicuni está inscrita en Registros Públicos, pero sus límites comunales tampoco están adecuadamente georeferenciados e inscritos. La comunidad fue reconocida como tal en 1986 y ahora tiene un tamaño de 854 hectáreas. En su momento el argumento del Estado para no realizar la consulta previa en las comunidades indígenas próximas a Las Bambas fue que no se conocía la base de datos y que además estas no tenían sus límites geográficos claros.

Rogers Ccoropuna explica que en su comunidad no han podido hasta ahora georeferenciar sus linderos porque elaborar los expedientes técnicos requiere de un presupuesto alto. “No tenemos el dinero para hacer todo eso”. Los escasos montos que la comunidad logra juntar lo utilizan para construir, por ejemplo, una improvisada red de tubos que traslada el agua desde el manantial hasta el corazón del pueblo.

A las comunidades ubicadas en la zona de influencia de Las Bambas tampoco se les consultó la modificación del Estudio de Impacto Ambiental, que eliminaba la instalación de un ducto subterráneo para el traslado de minerales (mineroducto), con el objetivo de transportarlos en adelante por la carretera. “Nunca estuvimos al tanto”, dice el líder de Chuicuni.

Hasta el 2014, Las Bambas le pertenecía Glencore Xtrata, el gigante suizo de la minería. Ese año vendieron el proyecto a un consorcio de empresas chinas lideradas por MMG Limited, subsidiaria de China Minmetals. Al inicio de las operaciones mineras, la comunidad de Chuicuni, como otras de la zona, estaban de acuerdo con el proyecto minero. “Muchos apoyamos, creíamos que íbamos a tener trabajo. [Glencore Xtrata] nos ofreció de todo. Ahora cuando les reclamamos nos dicen que esos tratos los hizo la dueña anterior”.

Nunca hubo consulta previa en Patahuasi, tampoco en Chuicuni, a pesar de que ambas aparecían en las Bases de datos preliminar el 2014

Javier Huillca, vicepresidente de la comunidad de Chuicuni, dice que cuando Glencore Xtrata era la dueña de Las Bambas, esta se había comprometido a pagarles un monto por el uso de su territorio para el pase del mineroducto, pero con el cambio del Estudio de Impacto Ambiental, y el reemplazo del ducto por la carretera, Chuicuni se quedó sin esa compensación. Hace tiempo que en las ferias dominicales de Haquira y Patahuasi la gente no quiere comprar trucha. “Tienen miedo que esté contaminada”, dice.

ESPINAR
[La pérdida de la propiedad comunal ]

A ocho horas de Challhuahuacho, un ruido sediento escapa de las mangueras que llevan agua a la casa de Francisco Merma, en la comunidad Alto Huancané, Espinar, Cusco, a casi 4000 metros de altura. Es un ruido violento, como si un monstruo estuviera atrapado dentro. La manguera debería llevar agua bombeada desde un pozo, pero no hay agua. Treinta y siete años después de las primeras operaciones mineras en Espinar, la zona en la que se han reportado elevadas cantidades de metales tóxicos, las comunidades quechuas próximas a la compañía no tienen acceso a agua segura.

La comunidad indígena de Alto Huarca fue reconocida como tal en 1928. El 90% de su población habla quechua. La actual base de datos de comunidades indígenas también la reconoce como tal.

No muy lejos de ahí, a unos 15 minutos en auto, se encuentra la vivienda de Olimpia Huillca, presidenta del sector Sol Naciente, también en Alto Huarca. Para llegar hasta aquí hay que atravesar vías controladas y predios adquiridos por la compañía minera.

Un proyecto de inversión desarrollado por la municipalidad de Espinar el 2017 instaló en varias casas de este sector piletas y duchas. Pero cuando las obras concluyeron, el manantial de donde iban a extraer el agua se había secado. Olimpia utiliza ahora la ducha como un depósito de basura.

Hemos llegado a su casa y detrás de nosotros han llegado dos personas de seguridad en una camioneta. No nos dicen nada. No se identifican, solo aguardan a unos 50 metros de donde estamos. “No les hagan caso. Lo hacen solo para asustar. Uno de estos días van a terminar echándonos a todos”, dice Olimpia.

Todos los predios con los que colindan las tierras de Olimpia han sido comprados por la mina. Su casa es una isla rodeada de parcelas compradas por la compañía. Para que su ganado no salga de su pequeño terreno ella colocado un cerco eléctrico que funciona con un pequeño panel solar. Al menor intento de salir del predio las ovejas y vacas son expulsadas con una leve descarga del perímetro prohibido.

Han instalado piletas de agua en la comunidad de Alta Huarca, pero el agua nunca llega. Les han dicho que el manantial se ha secado.

Uno de los habitantes de Alto Huarca y guía en estas laberínticas carreteras que atraviesan zonas de la mina y comunidades fragmentadas es Víctor Alvarez. Cuenta que entre las promesas de empleo y beneficios, la compañía minera los ayudó a realizar el expediente técnico para georeferenciar los límites de la comunidad, y luego, también a solventar algunos gastos de la parcelación de las tierras comunales para entregarles a cada comunero una cantidad determinada. Así, cada uno era dueño de su propiedad, ya no la comunidad.

“En una asamblea la comunidad aceptó la parcelación y con eso cada uno comenzó a negociar individualmente con la mina. Eso nos ha debilitado”. Víctor Alvarez dice es más difícil dialogar con la mina, porque hay demasiado individualismo. “Todos están vendiendo”, señala. Por eso, viviendas como la de Olimpia, parece islas sin salida.

La notaría que más trámites de este tipo ha realizado en Espinar se llama Gaona, de Oswaldo Gaona Chacón. Conversamos con él en su oficina de Espinar sobre cómo realizan estos procesos de compra y venta de terrenos entre la comunidad y la empresa minera. “No es una compra-venta con las comunidades, se realiza directamente con los propietarios que han sido beneficiados con la adjudicación de tierras por parte de la comunidad. Ellos ya no son comuneros”, dice el notario.

En su interpretación, sostiene que “desde el momento en que la comunidad les otorga a cada uno el título de propiedad, automáticamente este deja de ser comunero, y pasa a ser un propietario particular independiente. Los tratos se realizan directamente con la empresa minera, sin intervención de la comunidad, el trato es directo”.

El comunero pierde esta condición cuando la comunidad le otorga el título de propiedad de sus tierras.

- ¿Quién paga por estos procedimientos?, preguntamos.

- La empresa minera.

- ¿Cuántos casos de compra-venta ha atendido su notaria este 2018?

- En lo que va el año tengo un promedio de 30 ventas. El tema pasa por un proceso de saneamiento legal, acuerdan un precio por el terreno y la forma de pago, y una vez que tengan todo me traen la minuta. Mi trabajo solamente consiste en elevar el acuerdo a escritura pública nada más. El estudio de abogados que contrato la compañía me envía la minuta por fax y solicitan que sea elevada a Registros Públicos.

El Proyecto Antapaccay extrae principalmente cobre, y en menor medida plata y oro. En Espinar, Glencore es actualmente titular de 114 concesiones mineras, cuya extensión alcanzan 97.374 hectáreas. De este total, las operaciones en Antapaccay corresponden a 7.944 hectáreas. Durante los últimos años esta zona ha protagonizado uno de los mayores conflictos ambientales por la escasez de agua y elevada presencia de metales en el entorno.

En el papel, existe una mesa de diálogo con compromisos asumidos por el gobierno central en sus áreas de Minería, Salud, Desarrollo, Transportes y Ambiente. Pero la percepción de los comuneros es que nuevamente los han olvidado. Espinar no tiene siquiera un sistema de agua potable permanente. Una de las denuncias más frecuentes de las comunidades en esta zona tiene que ver también con la calidad y la explotación del agua con usos mineros.

“Yo solo quiero vivir como viven ellos”, dice don Francisco

Según los informes de sostenibilidad de Glencore, Minera Antapaccay capta alrededor de 15 millones de metros cúbicos de agua cada año de los ríos Salado y el Tajo. Datos proporcionados por la Red de Observadores de Glencore indican que la compañía pasó repentinamente de reutilizar 2,4 millones de metros cúbicos de agua el 2013 a 55 millones el 2015.

La empresa justificó este enorme crecimiento debido a que tenían agua almacenada en la presa de relaves y que tienen la capacidad de reciclar el 78 del agua utilizada por la mina y no realizar ningún vertimiento sobre cuerpos de agua cercanos a sus operaciones. Sin embargo, no existe forma de verificar estas cifras, porque la ANA no supervisa la explotación del recurso por parte de las mineras.

“Hay varios manantiales que se están secando”, dice Víctor Alvarez. Pero no existen estudios integrales ni entidades del Estado que estén reportando y documentando estas desapariciones. La vista desde la casa de Francisco Merma detalla los avances del proyecto minero. Un enorme tajo ha devorados lo que antes era un cerro. Dice que están cansados de exigir. “Yo solo quiero vivir como viven ellos”, dice don Francisco. Se refiere al agua. Al campamento minero que está frente a su casa nunca le falta agua.